Me es complicado escribir sobre el tema de Cataluña sin sentir algo. Creo que cualquier ser humano, interesado por lo que pasa en el mundo, estaría en una posición similar.

Tampoco puedo negar que haya más temas que me inquieten y me preocupen, pero éste, el de Cataluña, me pega muy cerca por mi relación afectiva con esa región y porque mi marido, al que amo profundamente, vio la primera luz en esos lares.

Desde hace más o menos nueve años he escuchado y leído sobre el conflicto entre Cataluña  y el gobierno español, más allá de lo comentado en medios mexicanos, muy de pasada. Sin embargo, ha sido a lo largo de los últimos 24 meses, más o menos, que me he metido de lleno en el tema y puedo decir que me encuentro profundamente consternada, indignada y preocupada.

Sé que mi costumbre ha sido escribir artículos de investigación, citando cifras y fuentes oficiales para sustentar los argumentos presentados, pero en esta ocasión, con discursos tan contrarios de unos y otros, junto con la indiferencia o ignorancia voluntaria de algunos más, mis argumentos se reducen a lo que creo, veo y escucho. Mis fuentes no son “oficiales” (y para como van las cosas, creo que eso es de agradecer), pero no por ello dignas de desconfianza.

He conversado con amigos y seres queridos que han sido independentistas desde hace muchos años. Los he oído manifestar su contrariedad al ser desdeñados o menospreciados por hablar catalán y porque en sus escuelas se impartan clases en esa lengua y no sean 100% en castellano o su disgusto por la forma en la que se gestionan sus recursos, se ataca su cultura o se hacen distingos en materia judicial, educativa o social..

También comprendí el sentimiento de quienes consideraban la independencia como una acción exagerada que se puede solucionar, como dice el dicho, “con el tiempo y un ganchito”.

Los catalanes son seres orgullosos, sí y muy orgullosos de su cultura, su pasado y su lengua. Pero también son personas ingeniosas, cultas, trabajadoras y emprendedoras. No suelen ser de los que desisten a la primera…ni a la segunda. Son muy conscientes en cuestiones de política y difíciles de convencer si creen tener la razón de su lado. Aún la población rural se mueve con ideales construidos a través de la historia y no olvidan fácilmente la represión, la violencia o la crueldad, ni se dejan envolver en palabras que se lleva el viento. Aunque algunos habrá ¿para qué negarlo?

Es una región rica y próspera Cataluña. Pero no sólo por los recursos que posee, sino por la gente que trabaja para aprovecharlos.

Sé que los catalanes no buscaban esta situación, sé que la mayoría no quería separarse de España. Pero también sé que la intransigencia pesa, que el autoritarismo arcaico no paga cuando las terquedades chocan; que el intentar negociar con el uso de la violencia como moneda de cambio es peligroso y que más peligroso es convencer a todo un pueblo de que ya no tiene nada más que perder y mucho qué ganar al separarse de la nación, a la que su gente ha pertenecido por siglos y les gritan; ¡que se queden, cojones! con las porras en la mano.

Es curioso ver a un grupo tan grande de personas (aún no parece ser mayoría…aún) tan inconformes que abandonan su zona de confort para moverse y cambar las cosas. Pero tampoco sería de extrañar si constatamos que esa zona de confort se vuelve cada vez más pequeña e inconfortable.

Una aplicación discrecional de la ley, con base en el lugar geográfico al que pertenezca alguno de los involucrados, es hablar de ausencia de justicia. La idea de una repartición equitativa (con lo que esto implica para una supuesta igualdad de condiciones y oportunidades) de los recursos, basándose en la cantidad de población y no en una verdadera estrategia de crecimiento y prosperidad, ya implica un problema y despierta suspicacias. Pero, si le damos una leída a la tan cacareada Constitución española, nos daremos cuenta de qué tan poca luz aporta a la solución de un conflicto como éste.

Confieso que no soy especialista en derecho constitucional, ni mucho menos. Pero pocos textos tan intencionalmente ambiguos y contradictorios he leído, como la Carta Magna ibérica. Términos como “las medidas necesarias”, “cuando se requiera”, carecen de calidad esclarecedora y, más aún, de referencia práctica. Dejan en manos del que es juez y parte (un Senado que hoy cuenta con mayoría del partido en el poder), la resolución del asunto y la aplicación de la ley. Ello implica un conflicto de intereses que se solucionaría con la mediación de algún organismo internacional. Pero el gobierno de Mariano Rajoy se niega rotundamente a ello, por considerar que sería un caso de injerencia extranjera en un asunto interno.

A pesar de todo lo anterior, también soy una respetuosa de la ley (por muy caro que salga) y entiendo que el referéndum del 1 de octubre fue ilegal, que sus resultados están muy lejos de ser confiables y que es muy aventurado poder afirmar, sin lugar a dudas, que la mayoría de la población catalana fue la que determinó la necesidad de separarse de España.

Aun así, también soy una convencida de que no se habría llegado a este punto, si hoy en día dirigiera el destino de los españoles un presidente más sensato, sensible e incluyente; con más vocación de servicio público, que de beneficio personal o de grupo. Tampoco habría escalado la cosa sin un personaje como Carles Puigdemont, quien ha hecho todo lo que ha estado en su mano por convertirse en la cara del independentismo catalán, para después titubear detrás de la puerta en un retorcido juego mental de ajedrez, bastante politizado.

Sé que, desde La Moncloa y desde Bruselas, lo que pasa en Cataluña está a un tris de convertirse en la primera ficha de dominó que precipite la caída de varias más. Pero también estoy segura que la gestión que se está haciendo del conflicto en ambas sedes es vergonzosa y no parece buscar la salud del estado de derecho, ni de la democracia (así, todo en minúsculas).

Me queda la sensación de que la hipocresía nos aplasta, las dobles intenciones sobran y nos enfrentamos a una pelea de colegio desproporcionada, en la que ni uno ni otro se atreve a dar el golpe decisivo y, por supuesto, ya no hay manera de echarse atrás. En tanto, sigue botando de un lado al otro la bolita de las culpas , aumentando los temores de unos y los odios de otros.

El caso es que aquí estamos. Al borde de la aplicación del ambiguo artículo 155 (cuyo contenido cito textualmente al final de este ensayo), por primera vez en la historia de la democracia española. Un artículo que habla de la re ubicación de poderes hacia el gobierno de Madrid, desde una comunidad AUTÓNOMA, para no ceder a un supuesto chantaje político de un grupo separatista, que ya muchos califican como “terroristas”. Un artículo que sirve de parapeto para asfixiar un clamor que debería ser escuchado y, al menos, discutido con base en lo que dice y no dice la Constitución.

Y a mí me sigue pareciendo inconcebible que, ante la marcada inconformidad de una buena parte de la población de una región del país, que se supone que se quiere unido, la respuesta del Estado español sea, no sólo no escucharla (ya no digamos concertar), sino echar mano de la retórica, la amenaza, la denostación y, finalmente, la represión y la violencia para evitar la libre expresión de la voluntad de un pueblo (¿se acuerdan de los derechos fundamentales inscritos en los numerosos acuerdos internacionales que ha firmado España?) junto con la responsabilidad de gobernar PARA TODOS LOS ESPAÑOLES.

De verdad me parece increíble que, en pleno siglo XXI, la estrategia tomada por Rajoy y aceptada por la comunidad internacional sea de la corriente "zero sum game" (lo tuyo es mío y lo mío es mío").

Artículo 155.

1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

Fuentes:

BBC noticias, CNN, La Vanguardia, El Mundo, El País, entre otros.